DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Que el ser humano es de creación divina, es persona y, en consecuencia, detenta derechos inalienables anteriores y superiores al Estado, como la vida, la dignidad, la libertad, la propiedad privada y la búsqueda de su felicidad. Reconocer estos derechos implica entender que el individuo es el centro y la razón de ser de la sociedad y del Estado. La función del gobierno no es otorgar estos derechos, sino respetarlos y protegerlos. Cuando estos derechos son garantizados, cada persona puede alcanzar su máximo potencial, vivir en libertad, y contribuir de manera significativa al bienestar común.

Que todos los seres humanos son creados iguales en dignidad, únicos y tienen derecho al mismo trato frente a la ley. La combinación de dignidad, unicidad y trato igualitario ante la ley constituye el pilar de una sociedad donde cada persona puede vivir con respeto, justicia y libertad. Este principio no solo protege los derechos individuales, sino que también fomenta una convivencia armoniosa y una estructura social más inclusiva.

Que la vida humana inocente debe ser defendida, desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Esto implica reconocer el valor inherente de cada persona y su derecho a vivir sin interferencias que amenacen su existencia. Se promueve una cultura de respeto y cuidado hacia la vida, rechazando cualquier acto que atente contra su dignidad en cualquier fase, ya sea en su inicio, desarrollo o final natural.

Que la familia conformada por un hombre, una mujer e hijos, es el núcleo fundamental y el corazón de nuestra sociedad, red natural de seguridad social y lugar de encuentro y acogida para cada una de las personas que la componen. Este concepto subraya que la familia no solo es el lugar donde se origina la vida, sino también donde se transmiten los valores, la cultura y las tradiciones que fortalecen la identidad de una comunidad. Actúa como una red natural de seguridad social, ofreciendo apoyo y protección.

Que defendemos el libre albedrío, en tanto y en cuanto este no signifique un acto de violencia arbitraria en contra del prójimo. El libre albedrío es un derecho fundamental de cada persona para tomar decisiones de manera autónoma. Se reconoce que la libertad de elección es esencial para la dignidad y el desarrollo humano, siempre y cuando no implique violencia o daño arbitrario. La verdadera libertad conlleva responsabilidad.

Que reconocemos la legítima defensa como un derecho, así como la posesión de los medios necesarios para ejercerla. Este punto establece que la legítima defensa es un derecho fundamental que permite a las personas protegerse a sí mismas, a sus seres queridos y sus bienes cuando enfrentan una amenaza directa. Es legítimo que los ciudadanos tengan acceso a los medios necesarios para su defensa, promoviendo la seguridad personal.

Que el Estado es una creación humana que debe estar al servicio de la persona y el bien común. El Estado es una institución creada por y para los seres humanos, cuyo propósito principal es servir a las personas. No debe ser una entidad autoritaria o con intereses propios, sino una estructura que facilite el desarrollo integral de cada ciudadano, asegurando derechos y libertades individuales.

Que el Estado debe ser limitado en su poder y tamaño, para evitar su transformación en una amenaza contra los derechos humanos, civiles y políticos de quienes habitan su territorio. Este límite asegura que el gobierno operará de manera justa y eficiente, respetando la libertad individual y evitando abusos de autoridad.

Que el primer deber del Estado es garantizar la seguridad interior y exterior del país. El Estado debe garantizar la protección y tranquilidad de todos sus ciudadanos, manteniendo el orden público, defendiendo sus fronteras y previniendo amenazas. La seguridad interior implica asegurar un entorno donde los ciudadanos puedan vivir sin miedo a la violencia o al crimen.

Que ninguna mayoría o forma de gobierno está facultada ni legitimada para reducir, cercenar o impedir el ejercicio de los derechos esenciales del ser humano. Ningún sistema político, por democrático que sea, tiene la legitimidad para restringir derechos fundamentales como la libertad, igualdad y dignidad, los cuales deben permanecer inviolables bajo cualquier circunstancia.

Que condenamos el terrorismo, independiente de su origen o fin, así como toda violencia ilegítima como medio de acción política. El diálogo, el respeto y las vías institucionales deben ser los únicos medios aceptables para resolver conflictos. El uso de la violencia erosiona la legitimidad de cualquier causa y debilita el tejido social.

Que reconocemos a Chile como una sola nación soberana, plena, independiente y que debe estar organizada como una República democrática, cuyos poderes estatales sean independientes entre sí. La soberanía implica que Chile tiene control pleno sobre su territorio, sus leyes y su gobierno, tomando sus propias decisiones sin interferencia externa.

Que defendemos los emblemas patrios, nuestro patrimonio material, medioambiental, histórico, cultural y la soberanía popular ejercida a través del sistema democrático. Rechazamos todo aquello que lo debilite. Nuestro compromiso es proteger la esencia de nuestra identidad, reconociendo que el gobierno actúa con la autoridad otorgada por los ciudadanos.

Que reconocemos a nuestras Fuerzas Armadas como esenciales para la seguridad nacional, la defensa, unión e indivisibilidad territorial, como también a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad como garantes fundamentales del orden y seguridad pública. Reconocemos su histórico aporte para preservar la libertad de los chilenos y su rol como pilar de estabilidad.

Que defendemos la libertad de pensamiento, expresión, información y culto, restringiendo únicamente su uso para llamar a la violencia física contra personas, cosas o su uso para calumniar o injuriar a las personas. Valoramos profundamente estas libertades, ejerciendo de manera responsable para no afectar la paz social y el respeto mutuo.

Que defendemos el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores y principios, pudiendo escoger entre una variedad de proyectos educacionales. Los padres tienen la responsabilidad principal en la educación de sus hijos, contribuyendo a formar ciudadanos con identidad y promoviendo la diversidad en el sistema.

Que defendemos el libre mercado frente a la injerencia estatal, privada o corporativa, que pretendan desnaturalizarlo. Apoyamos un sistema donde la oferta y demanda operen sin interferencias, libre de intervenciones excesivas que distorsionen la competencia justa. Esta postura promueve la innovación, la eficiencia y el crecimiento económico.

Que la Constitución Política de la República es la norma suprema y a ella deben sujetarse los demás cuerpos legales, incluidos los tratados internacionales. Este principio asegura que todas las disposiciones legales estén en concordancia con los valores y fundamentos establecidos en la Constitución, garantizando la supremacía del ordenamiento jurídico nacional.